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Roberto Rosario contradice a Abinader y afirma que Senasa siempre contó con mecanismos legales de supervisión

SANTO DOMINGO.– El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), Roberto Rosario, cuestionó las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre las supuestas deficiencias estructurales en los mecanismos de supervisión del Seguro Nacional de Salud (Senasa) desde su fundación, al asegurar que la institución siempre dispuso de disposiciones legales para controlar y fiscalizar el manejo de sus recursos.

Rosario sostuvo que las afirmaciones del mandatario dejan al descubierto las «falencias y la falta de planificación» con las que, a su juicio, las actuales autoridades asumieron la administración del Estado.

El dirigente opositor consideró que el argumento presidencial podría interpretarse como un intento de justificar la gestión de los fondos públicos de Senasa durante la actual administración y, eventualmente, favorecer la situación jurídica de los imputados en el proceso judicial relacionado con el presunto desfalco en esa institución.

Afirmó que desde antes de agosto de 2020 existían normas y organismos responsables de prevenir irregularidades en la administración de los recursos públicos, por lo que rechazó que la ausencia de controles pueda atribuirse a una supuesta debilidad estructural de origen.

Para sustentar su posición, Rosario citó varias disposiciones legales que, según explicó, establecen mecanismos de vigilancia y fiscalización sobre Senasa y otras entidades públicas.

Entre ellas mencionó la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, cuyo artículo 148 contempla la obligación de las administradoras de riesgos de salud de rendir informes periódicos a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.

También hizo referencia a la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, cuyo ámbito de aplicación incluye las instituciones descentralizadas, autónomas y públicas de la seguridad social.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo agregó que el artículo 247 de la Constitución y las disposiciones relativas a la Cámara de Cuentas constituyen otros instrumentos para supervisar el uso de los fondos estatales.

En ese contexto, citó la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, modificada por la Ley 18-24, que contempla dentro de su ámbito de fiscalización a las instituciones autónomas y descentralizadas, así como a las empresas públicas de la seguridad social y otras entidades que administran recursos públicos.

Rosario sostuvo que la existencia de ese marco normativo demuestra que el Estado dominicano contaba con herramientas institucionales para vigilar el funcionamiento de Senasa y evitar el desvío de los recursos destinados a los sectores más vulnerables.

Finalmente, consideró que el presidente Abinader pudo no haber recibido información precisa de sus asesores sobre los antecedentes legales de los mecanismos de supervisión. A su entender, lo ocurrido en Senasa durante los últimos seis años respondería a la falta de actuación de los organismos estatales responsables del control y la fiscalización.

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