SANTO DOMINGO.- La implementación de incentivos para acudir a las urnas y la posibilidad de establecer el voto obligatorio figuran entre las propuestas planteadas por distintos sectores para enfrentar los elevados niveles de abstención electoral registrados en República Dominicana.
Las recomendaciones forman parte de un estudio realizado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), a solicitud de la Junta Central Electoral (JCE), con el propósito de identificar las causas que incidieron en la abstención durante las elecciones de 2024 y plantear alternativas para estimular la participación ciudadana.
Entre las propuestas figura el establecimiento de estímulos materiales para los electores, como descuentos en determinados trámites oficiales —entre ellos pasaportes, licencias de conducir o certificaciones del estado civil—, con la finalidad de compensar parte del costo que representa el desplazamiento hacia los centros de votación, particularmente para los sectores más vulnerables.
El informe plantea que estos mecanismos podrían complementar el deber cívico de votar y generar incentivos positivos para aumentar la concurrencia a las urnas.
Debaten obligatoriedad del sufragio
Otra de las recomendaciones recogidas durante la investigación es abrir el debate sobre la posibilidad de convertir el sufragio en un deber obligatorio, mediante una eventual iniciativa legislativa promovida por la JCE y con excepciones claramente establecidas.
Los sectores que respaldan esta alternativa sostienen que la obligatoriedad podría contribuir a reducir prácticas como el retiro o retención de documentos de identidad y garantizar una mayor presencia ciudadana en los centros de votación.
No obstante, el propio estudio reconoce que una medida de esa naturaleza generaría un amplio debate en torno a la libertad individual y el derecho de los ciudadanos a decidir si participan o no en los procesos electorales.
Rediseño de las circunscripciones
El estudio también identifica factores relacionados con el sistema de representación como posibles elementos que desincentivan la participación electoral.
Tanto Capel como el Tribunal Superior Electoral (TSE) advierten sobre el reducido tamaño de numerosas circunscripciones, situación que, según el informe, limita el funcionamiento plenamente proporcional de mecanismos de distribución de escaños como el método D’Hondt.
De acuerdo con los hallazgos, esta realidad podría generar entre determinados electores la percepción de que respaldar opciones minoritarias no necesariamente se traduce en una representación efectiva, lo que termina alimentando el desencanto y la abstención.
Ante esa situación, el TSE plantea un rediseño de las demarcaciones electorales, incluyendo la posibilidad de fusionar circunscripciones pequeñas para conformar distritos de mayor tamaño, donde la distribución proporcional de los escaños refleje con mayor fidelidad la voluntad expresada en las urnas.
Revisar financiamiento de los partidos
El documento también propone revisar el esquema de financiamiento público de las organizaciones políticas, de manera que la distribución de los recursos guarde una relación más proporcional con el respaldo electoral obtenido.
La recomendación busca evitar que el modelo de financiamiento constituya una barrera para la participación de nuevas fuerzas políticas y dificulte la alternancia en el sistema democrático.
Asimismo, el Capel identifica como un desafío la utilización de recursos de procedencia no identificada para financiar campañas, así como el elevado costo de la actividad política, factores que, según testimonios recogidos, pueden colocar en desventaja a dirigentes con arraigo comunitario, pero con limitaciones económicas.
Procuraduría plantea respuesta rápida ante delitos electorales
En el ámbito de la persecución de delitos electorales, la Procuraduría General de la República recomendó una reforma legislativa que permita precisar y diferenciar las conductas sancionables, mediante una definición más clara de los tipos penales.
El organismo también planteó establecer una normativa específica frente a la desinformación digital, con el propósito de responder con mayor rapidez a contenidos falsos que puedan afectar el desarrollo de la jornada electoral.
La propuesta contempla, además, la creación de unidades de policía técnica electoral en las distintas demarcaciones, con personal especializado en arrestos vinculados a delitos electorales y en la preservación de evidencias como dinero y documentos de identidad.
Para agilizar los procesos judiciales durante las elecciones, la Procuraduría propuso igualmente ampliar el uso de la firma digital entre jueces de todo el país, de modo que determinadas órdenes judiciales puedan ser tramitadas con mayor rapidez durante la jornada electoral.
Encuestas y costo de las campañas
Los partidos políticos consultados también manifestaron preocupación por el impacto de las encuestas electorales cuando son utilizadas como herramientas de propaganda.
Según el estudio, la difusión anticipada de escenarios que presentan ventajas amplias para determinadas candidaturas puede generar entre los electores la percepción de que la contienda ya está definida y que su voto tendrá poca incidencia en el resultado final.
El documento advierte que esa percepción de falta de competencia puede convertirse en otro factor de desmotivación para acudir a las urnas.
El conjunto de recomendaciones procura responder a un desafío que preocupa a distintos sectores del sistema político dominicano: cómo recuperar la confianza del electorado, ampliar la participación ciudadana y garantizar que el voto sea percibido como un instrumento efectivo de representación democrática.
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