SANTO DOMINGO.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su preocupación por el creciente número de denuncias de ciudadanos, hogares y establecimientos comerciales que aseguran haber recibido facturas eléctricas considerablemente más elevadas, y reclamó al Gobierno una investigación independiente que determine si los montos cobrados corresponden al consumo real.
Durante una rueda de prensa, la organización opositora recordó que el pasado 2 de septiembre las empresas distribuidoras de electricidad descartaron un incremento tarifario y atribuyeron el aumento de las facturas a un mayor consumo provocado por las elevadas temperaturas registradas durante el verano de 2026.
El PLD admitió que el período estival estuvo marcado por temperaturas excepcionalmente altas y una demanda eléctrica sin precedentes, pero consideró insuficiente esa explicación para despejar las dudas expresadas por miles de usuarios.
Facturación estimada y sustitución de medidores bajo escrutinio
La organización política planteó que existen varios elementos que deben ser revisados para determinar el origen de los incrementos denunciados.
Uno de ellos es la facturación estimada, mecanismo utilizado cuando no se efectúa una lectura directa del medidor. Según el PLD, en un escenario de demanda récord, una estimación elevada del consumo podría contribuir a generar el patrón de aumentos que actualmente reportan numerosos clientes.
El segundo aspecto está relacionado con la sustitución de medidores. El partido citó información de Edeeste según la cual fueron corregidas anomalías en los medidores de más de 12,000 clientes entre enero y julio de este año.
A juicio de la organización, ese dato hace necesario establecer si durante los procesos de sustitución, calibración o eventual refacturación pudieron producirse inconsistencias que hayan incidido en los montos cobrados.
El PLD sostuvo que una auditoría independiente permitiría determinar con mayor precisión el origen de las discrepancias y ofrecer respuestas a los consumidores.
Reclamos ante Protecom prácticamente se duplican desde 2019
El partido también llamó la atención sobre las estadísticas de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), al señalar que durante el primer semestre de 2026 fueron registradas 29,833 reclamaciones, cifra similar a las 31,787 contabilizadas en igual período de 2025, pero superior a las 26,164 de 2024.
De acuerdo con la organización opositora, la mayoría de esas reclamaciones está vinculada con cobros que los usuarios consideran excesivos.
El PLD destacó que la comparación con 2019 resulta todavía más significativa, ya que durante el primer semestre de ese año Protecom recibió 14,558 reclamaciones. Frente a esa cifra, los casos registrados en 2026 representan un incremento de aproximadamente 105 %.
A esto se suma, según el partido, el elevado número de expedientes pendientes de decisión. Al cierre de junio de 2026 permanecían sin resolver 30,079 reclamaciones, frente a las 10,472 que estaban pendientes en junio de 2019, lo que supone un aumento acumulado de 187 %.
Una de cada tres decisiones favoreció al usuario
El PLD también puso bajo la lupa las decisiones emitidas por Protecom. Entre enero y junio de 2026, el organismo habría emitido 52,254 decisiones, de las cuales alrededor del 33 %, equivalente a unas 17,466, favoreció a los consumidores.
La proporción favorable al usuario fue de 45 % en 2024 y de 37 % en 2025.
Para el partido, estos resultados evidencian que las reclamaciones no deben ser descartadas automáticamente atribuyéndolas a un incremento del consumo ocasionado por las altas temperaturas.
Asimismo, señaló que en 2019 Protecom falló a favor de los clientes en aproximadamente el 23 % de los casos, por lo que el aumento de esa proporción durante los años siguientes amerita, a su entender, una evaluación técnica.
PLD cuestiona eficiencia de las distribuidoras
La organización opositora incorporó además a su análisis las deficiencias que, según afirma, persisten en el ciclo comercial de las empresas distribuidoras, particularmente en los procesos de medición y facturación.
El PLD sostuvo que las dudas de los consumidores no pueden ser calificadas simplemente como una percepción generada por sectores de oposición, debido a que las propias estadísticas oficiales reflejan un elevado volumen de reclamaciones.
También señaló que las denuncias se producen en un contexto caracterizado por interrupciones prolongadas del servicio eléctrico en distintas provincias, pérdidas consolidadas de las distribuidoras superiores al 43 % y un creciente subsidio estatal al sector.
En ese escenario, afirmó que los ciudadanos terminan asumiendo una doble carga: mediante el pago de impuestos que financian el subsidio eléctrico y a través de facturas cuyo monto, en algunos casos, cuestionan no poder verificar.
Cuatro medidas propuestas
Ante esta situación, el PLD demandó la realización de una auditoría independiente de los sistemas de medición y facturación de las tres empresas distribuidoras, con participación de universidades y colegios profesionales.
También planteó que sean divulgadas de manera abierta y desagregada, por distribuidora y circuito, las estadísticas correspondientes a reclamaciones y resoluciones.
Como tercera medida, propuso establecer un plazo máximo y obligatorio para responder los reclamos, acompañado de un reintegro automático y el pago de intereses cuando la decisión resulte favorable al consumidor.
Finalmente, reclamó que toda sustitución de medidores sea notificada previamente al cliente y que la verificación correspondiente se realice en su presencia.
«No afirmamos que todas las facturas sean incorrectas»
El PLD aclaró que su posición no consiste en afirmar que todas las facturas eléctricas presenten irregularidades, sino en exigir una respuesta institucional ante el volumen de denuncias acumuladas.
La organización consideró que cuando decenas de miles de consumidores presentan reclamaciones, más de 30,000 expedientes permanecen pendientes de decisión y el propio organismo estatal resuelve favorablemente una proporción significativa de los casos, el Gobierno no debería limitarse a atribuir el fenómeno al aumento de las temperaturas.
El partido sostuvo que los consumidores tienen derecho a conocer cuánto consumieron, de qué manera fue medido ese consumo y cuáles factores determinaron el monto finalmente facturado.
En consecuencia, insistió en la necesidad de mayor transparencia, respuestas oportunas y una auditoría independiente que permita despejar las dudas existentes.
El PLD advirtió que, ante el peso que representa el servicio eléctrico para la economía de las familias dominicanas, no debería añadirse a esa carga la incertidumbre de desconocer si el monto facturado corresponde efectivamente al consumo registrado.
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