SANTO DOMINGO.- El Partido Humanista Dominicano (PHD) puso en entredicho la legitimidad de una demanda interpuesta ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para impugnar varias de sus resoluciones internas, al alegar inconsistencias en la afiliación política de quienes figuran como demandantes y dudas sobre la autenticidad de documentos aportados al proceso.
Bunel Ramírez Merán, representante legal de la organización, aseguró que una verificación de los registros de la Junta Central Electoral (JCE) arrojó que, de las 266 personas identificadas como impugnantes, apenas 11 aparecen afiliadas exclusivamente al PHD, mientras que las otras 255 figuran inscritas en diferentes partidos políticos.
“De acuerdo con el cruce oficial de registros partidarios realizado por la Junta Central Electoral (JCE), de los 266 supuestos impugnantes que figuran en el expediente, únicamente 11 ostentan afiliación exclusiva al PHD, mientras que los restantes 255 figuran formalmente registrados en otras organizaciones políticas”, declaró.
A partir de esos resultados, el jurista cuestionó la capacidad de los demandantes para reclamar derechos dentro de la organización. Sin embargo, precisó que los 11 miembros con afiliación exclusiva al PHD tienen garantizado su derecho al voto, luego de las gestiones realizadas por el presidente del partido ante el organismo electoral.
Señala a dirigentes por acción judicial
Ramírez Merán atribuyó la iniciativa judicial al expresidente de la organización, Eléxido Paula, y al secretario de Organización, Julián Burgos Bonilla. También mencionó a la secretaria de Actas y Correspondencias, Mayra Méndez, entre las personas que, según su versión, estarían vinculadas a la estrategia.
El abogado sostuvo que la acción procura obstaculizar la celebración de la VII Convención Nacional Ordinaria del PHD y criticó que las diferencias entre dirigentes sean llevadas a los tribunales.
“Los tribunales de la República no pueden ser instrumentalizados por sectores minoritarios para desplazar a las autoridades legítimas o frustrar el libre ejercicio del derecho de reunión y elección de los partidos”, expresó.
La audiencia para conocer la demanda contra las resoluciones partidarias está pautada para el 19 de octubre de 2026 ante el Tribunal Superior Electoral.
El representante legal pidió a los jueces examinar los documentos depositados, la condición jurídica de quienes promovieron el proceso y los argumentos de las partes. Asimismo, manifestó la confianza del PHD en que la jurisdicción electoral evaluará el caso conforme a derecho.
Pide verificar firmas en poderes de representación
Entre los cuestionamientos planteados, Ramírez Merán denunció que el expediente contiene poderes de representación con firmas cuya autenticidad habría sido negada por las personas a las que se atribuyen.
Ante estas alegaciones, solicitó al tribunal verificar la documentación y establecer si los instrumentos presentados cuentan con el consentimiento válido de quienes supuestamente otorgaron la representación legal.
El jurista defendió, además, la legalidad de las resoluciones objeto de impugnación y aseguró que fueron aprobadas por los órganos competentes del partido.
Las denuncias sobre la afiliación de los demandantes y la autenticidad de los documentos forman parte de los argumentos expuestos por la defensa del PHD, cuya valoración corresponderá al Tribunal Superior Electoral durante el conocimiento del proceso.
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