Santo Domingo.– Los principales bloques de oposición en la Cámara de Diputados han elevado la presión sobre funcionarios y responsables de instituciones públicas, al promover en lo que va de la actual legislatura la comparecencia o interpelación de al menos seis autoridades para que respondan ante el Congreso Nacional por situaciones que, a juicio de los legisladores, requieren explicaciones públicas.
Las iniciativas se producen en un escenario en el que el Congreso dispone de un marco legal diseñado precisamente para fortalecer su capacidad de fiscalización sobre las actuaciones del Poder Ejecutivo y de las instituciones estatales.
Se trata de la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, que contempla mecanismos para requerir la presencia de funcionarios ante las cámaras legislativas con el propósito de que rindan cuentas y ofrezcan explicaciones sobre asuntos de interés nacional.
Una ley que aún enfrenta el reto de aplicarse
Pese a la existencia de esta herramienta jurídica, su puesta en práctica todavía no se ha materializado de manera efectiva, situación que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del Congreso para ejercer plenamente una de sus atribuciones constitucionales: fiscalizar las actuaciones del Gobierno y la administración pública.
En ese contexto, los proyectos depositados por legisladores opositores vuelven a colocar en el centro del debate la necesidad de que los mecanismos de control parlamentario trasciendan el ámbito normativo y se conviertan en instrumentos efectivos de rendición de cuentas.
Educación, uno de los primeros frentes
Una de las primeras iniciativas de este período congresual fue presentada por el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo (FP), que solicitó la comparecencia del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, ante la Cámara de Diputados.
Los legisladores pretenden que el funcionario explique las principales dificultades que enfrenta actualmente el sistema educativo, entre ellas el déficit de aulas, la existencia de centros escolares inconclusos y el pago del incentivo por desempeño al personal docente.
La solicitud coloca al Ministerio de Educación en el centro de uno de los primeros ejercicios de fiscalización impulsados por la oposición durante la actual legislatura.
PLD pide explicaciones por situación en maternidad
La bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por su parte, trasladó sus cuestionamientos al sector salud y solicitó la interpelación del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón.
La iniciativa, anunciada por la vocera del bloque morado, Ydenia Doñé, busca que el funcionario acuda al Congreso para explicar lo ocurrido en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia tras los recientes acontecimientos registrados en ese centro hospitalario.
Los legisladores consideran necesario que las autoridades sanitarias ofrezcan explicaciones tanto al Poder Legislativo como a la ciudadanía sobre la situación.
También apuntan a las distribuidoras eléctricas
A la ofensiva fiscalizadora se sumó el diputado del PLD Charlie Mariotti Jr., quien propuso la interpelación de los administradores de Edenorte, Edesur y Edeeste.
El legislador pretende que los responsables de las tres empresas distribuidoras expliquen ante la Cámara Baja la metodología empleada para calcular la facturación del servicio eléctrico, en momentos en que usuarios han denunciado aumentos que consideran desproporcionados en sus facturas.
La iniciativa también busca obtener explicaciones sobre otros aspectos vinculados con el funcionamiento y manejo del sistema de distribución eléctrica.
Las interpelaciones aún esperan por el pleno
Aunque las solicitudes han sido depositadas, ninguna de estas iniciativas ha sido conocida todavía por el pleno de la Cámara de Diputados. Por tanto, queda pendiente determinar si serán colocadas en agenda y si posteriormente avanzarán conforme al procedimiento legislativo correspondiente.
El escenario abre, además, un nuevo capítulo en la discusión sobre el papel del Congreso como órgano de contrapeso frente al Poder Ejecutivo, particularmente respecto a la aplicación efectiva de la Ley de Fiscalización y Control.
De prosperar las iniciativas, la Cámara de Diputados tendría ante sí la oportunidad de poner a prueba los mecanismos establecidos para exigir rendición de cuentas y determinar hasta dónde está dispuesta a ejercer de manera efectiva su función constitucional de fiscalización sobre las autoridades públicas.
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