SANTO DOMINGO.– La Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo exigió al Gobierno transparentar el manejo de los recursos públicos destinados al programa Moto-Beneficio (Motoben) y reclamó una auditoría especial que permita establecer cuánto dinero se ha asignado y ejecutado en iniciativas dirigidas a los motociclistas entre 2020 y 2026.
Durante una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el vicesecretario de Seguridad Vial de la organización, Erick Mejía Merán, demandó conocer cuánto se ha invertido en Motoben desde su creación, cómo han sido utilizados los recursos, quiénes han recibido sus beneficios y cuáles resultados verificables ha producido la iniciativa.
«Queremos saber cuánto se ha invertido, cómo se han utilizado esos recursos, quiénes han sido beneficiados y, sobre todo, cuáles son los resultados que puede mostrar Motoben», sostuvo Mejía Merán.
El dirigente opositor también planteó la necesidad de determinar cuál fue la finalidad original del programa, qué objetivos fueron establecidos y en qué medida las acciones ejecutadas se corresponden con el propósito para el cual fue concebido.
Explicó que los cuestionamientos surgieron a partir de una investigación desarrollada por una comisión de SESVIAL-FP, además de un requerimiento de acceso a la información pública mediante el cual fueron solicitados datos sobre los fondos asignados y ejecutados, fuentes de financiamiento, beneficiarios, criterios de selección, instituciones responsables, mecanismos de ejecución y resultados alcanzados.
«Hay una pregunta fundamental que el Gobierno debe responder: ¿Motoben está cumpliendo realmente la finalidad para la cual fue creado?», cuestionó.
Piden auditoría a la Cámara de Cuentas
En nombre de la Fuerza del Pueblo, Mejía Merán solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana practicar una auditoría especial a los recursos públicos destinados, entre 2020 y 2026, a programas, proyectos, subsidios y otras acciones dirigidas a los motociclistas.
La organización opositora pidió, además, que los resultados sean recogidos en un informe público que permita evaluar la ejecución financiera y determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos, con respeto a las disposiciones legales sobre protección de datos personales.
Mejía Merán aclaró que el reclamo no constituye una acusación de corrupción o malversación contra funcionarios o instituciones, sino una exigencia de transparencia, control ciudadano y rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos.
«Si se han destinado recursos públicos a los motociclistas, el país tiene derecho a conocer cuánto se ha invertido, cómo se ha utilizado, quiénes han sido beneficiados, qué objetivos se han alcanzado y qué resultados pueden ser comprobados», manifestó.
El dirigente sostuvo que los motoconchistas necesitan políticas públicas eficaces, medibles y capaces de generar resultados concretos en ámbitos como la seguridad vial, la formalización, las condiciones laborales y la calidad de vida, más allá de anuncios o programas que no puedan demostrar su impacto.
En la rueda de prensa también participaron los vicesecretarios comisionados Rosa Mezquita y Julio Adalmis de la Rosa Féliz, así como Arístides Heredia, coordinador de la comisión que da seguimiento al programa.
La comisión adelantó que continuará fiscalizando el desarrollo de Motoben y reclamando las informaciones necesarias para determinar su alcance, ejecución financiera y resultados.
«Queremos documentos, cifras, auditoría y resultados. Defender a los motociclistas también significa exigir que los recursos destinados a ellos sean transparentes, que los programas cumplan su propósito y que el Gobierno pueda demostrar, con hechos, sus resultados», concluyó Mejía Merán.
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