SANTO DOMINGO.– El Tribunal Superior Electoral (TSE) ventila este martes una demanda en nulidad interpuesta por el proyecto político Visión Nación contra una resolución de la Junta Central Electoral (JCE), mediante la cual se mantiene el reconocimiento y la asignación de fondos públicos a más de 26 partidos y movimientos que, de acuerdo con los argumentos de los demandantes, no alcanzaron el 1 % de los votos válidos ni obtuvieron representación propia en los últimos comicios.
La acción procura que el órgano jurisdiccional determine si esas organizaciones reúnen las condiciones previstas en el ordenamiento electoral para conservar su personería jurídica y continuar siendo beneficiarias del financiamiento estatal.
El abogado Carlos Mesa, representante legal de Visión Nación, calificó el proceso como inédito dentro de la jurisdicción electoral dominicana, al sostener que el TSE conoce por primera vez una acción encaminada a cuestionar la permanencia y el financiamiento de organizaciones que, según la parte demandante, quedaron por debajo del umbral electoral establecido.
«Por primera vez en la historia, el Tribunal Superior Electoral está conociendo de una demanda en nulidad contra la resolución que incluyó más de 26 partidos y movimientos que no alcanzaron el umbral del 1 %, ni tuvieron ningún representante», afirmó Mesa.
Visión Nación cuestiona uso de fondos públicos
El planteamiento de Visión Nación parte de que las organizaciones que no hayan alcanzado el porcentaje mínimo contemplado en la legislación electoral ni hayan logrado representación a partir de una votación propia no deberían conservar, según su interpretación, la personería jurídica ni beneficiarse de los recursos económicos asignados por el Estado.
Mesa alegó que algunas entidades políticas han recurrido a mecanismos que les permiten mantenerse dentro del sistema electoral pese a registrar porcentajes inferiores al mínimo requerido, situación que, a su juicio, termina impactando la distribución del financiamiento público.
La JCE y las organizaciones políticas involucradas fueron incorporadas al proceso como intervinientes forzosos, por lo que deberán defender ante el tribunal la legalidad de su reconocimiento y de las asignaciones económicas que reciben.
Debate gira en torno al voto propio y las alianzas
Por su parte, José Christopher, también representante de Visión Nación, planteó que existe una aplicación desigual de las normas electorales, al señalar que en determinados casos la autoridad electoral ha retirado el reconocimiento a organizaciones que no cumplen los requisitos, mientras otras han logrado conservarlo a partir de resultados obtenidos mediante alianzas.
Christopher sostiene que el 1 % debe corresponder a la votación propia de cada organización política, por lo que, bajo su interpretación, no debería utilizarse como respaldo la suma de votos obtenidos mediante acuerdos electorales con otras fuerzas.
El representante de Visión Nación afirmó, además, que existen partidos que reciben «millones y millones de pesos» del erario sin haber cumplido, según su planteamiento, con las condiciones exigidas por la legislación y por decisiones de las altas cortes.
Cuestionan asignaciones de la Resolución 01-2026
Otro de los puntos controvertidos es la Resolución 01-2026 de la Junta Central Electoral, que establece las contribuciones económicas del Estado destinadas a las organizaciones políticas durante el período comprendido entre enero y diciembre de este año.
Según los datos de esa resolución citados por Visión Nación, varias organizaciones aparecen con votaciones individuales inferiores al 1 % y, pese a ello, figuran con una asignación de RD$3,927,272.73 cada una para 2026.
Entre los casos mencionados por los demandantes figuran el Partido de Unidad Nacional (PUN), con 0.97 %; Justicia Social (JS), con 0.92 %; Alianza País (AlPaís), con 0.66 %; Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), con 0.62 %; Partido Cívico Renovador (PCR), con 0.62 %; Generación de Servidores (GenS), con 0.55 %; y Movimiento Democrático Alternativo (MODA), con 0.53 %.
Visión Nación sostiene que estos casos ameritan una revisión de los criterios utilizados para determinar qué organizaciones mantienen su reconocimiento electoral y cuáles pueden acceder al financiamiento público.
TSE deberá determinar alcance de las normas
La controversia coloca bajo análisis judicial las reglas que rigen el reconocimiento, permanencia y financiamiento de las organizaciones políticas, particularmente la relación entre los resultados obtenidos individualmente por cada partido y aquellos alcanzados mediante alianzas electorales.
El tribunal deberá determinar, a partir de los argumentos y pruebas presentados por las partes, el alcance de las disposiciones electorales aplicables y si las organizaciones cuestionadas cumplen las condiciones legales para conservar su personería jurídica y continuar recibiendo recursos públicos.
Una eventual decisión del TSE podría incidir en los criterios aplicables al reconocimiento de las organizaciones políticas y a la distribución del financiamiento estatal, aunque corresponderá al tribunal establecer el alcance concreto de su decisión.
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