SANTO DOMINGO.– Una denuncia fue depositada ante la Procuraduría General de la República contra Ramón Emilio Goris Taveras, presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD) y diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), por alegadas irregularidades en el manejo de recursos públicos entregados a esa organización política.
La acción fue promovida por el comunicador Rafael Bolívar Santos Hernández, quien instó al Ministerio Público a iniciar una investigación orientada a determinar el destino de fondos asignados al PHD y establecer si estos fueron utilizados conforme a los fines reportados ante los organismos correspondientes.
Entre los aspectos señalados en la denuncia figuran cuatro cheques girados contra una cuenta del PHD por un monto acumulado de RD$7.5 millones, cuyos desembolsos habrían sido consignados ante la Junta Central Electoral (JCE) como erogaciones vinculadas a diferentes actividades políticas.
El denunciante plantea que las autoridades deben verificar si los recursos fueron efectivamente empleados para los fines declarados, debido a que, según sostiene, tras el cobro de los referidos cheques el dinero habría sido entregado a Goris Taveras y posteriormente utilizado para constituir un certificado financiero por RD$7.5 millones en Banreservas, fechado el 31 de julio de 2024 y registrado a nombre del dirigente político.
Otro de los elementos puestos bajo escrutinio corresponde a la declaración jurada de patrimonio presentada por Goris Taveras ante la Cámara de Cuentas, en la que, de acuerdo con la denuncia, figura dicho certificado financiero como parte de sus bienes o recursos patrimoniales.
A partir de estos señalamientos, Santos Hernández solicitó al Ministerio Público y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) profundizar las pesquisas mediante verificaciones bancarias, contables y financieras que permitan establecer el origen, movimiento y destino de los fondos cuestionados.
La documentación depositada incluye copias de los cheques señalados, documentos financieros, la declaración jurada de patrimonio y otros elementos que, según el denunciante, podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos.
No obstante, el promovente de la denuncia precisó que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes comprobar la veracidad de los señalamientos, determinar el destino efectivo de los recursos y establecer, de existir evidencias suficientes, las eventuales responsabilidades penales derivadas del caso.
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