SANTO DOMINGO. – El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó la presunta agresión contra la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Millys Yohanny Martínez, representante de Elías Piña, quien habría sido esposada por agentes de la Policía Nacional durante un incidente ocurrido en Comendador.
A través de una publicación en la red social X, Pacheco identificó al coronel De León como el oficial involucrado en el procedimiento, registrado en las inmediaciones de las fiestas patronales del municipio fronterizo.
El titular de la Cámara Baja recordó que el artículo 86 de la Constitución dominicana establece garantías especiales para proteger el ejercicio de las funciones legislativas y limita la posibilidad de privar de libertad a un congresista sin la autorización de la cámara a la que pertenece, salvo las excepciones previstas en la propia disposición.
“El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen el ejercicio de la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, manifestó Pacheco al referirse al caso.
Cómo ocurrió el incidente
De acuerdo con las versiones difundidas sobre el hecho, el incidente se produjo cuando agentes policiales acudieron a un lugar donde se desarrollaba un denominado «teteo», debido al alto volumen de la música reproducida desde un vehículo.
Los agentes habrían solicitado que se redujera el volumen y se guardara el equipo musical, lo que generó desacuerdos con algunos de los presentes.
Posteriormente, los policías intentaron intervenir el vehículo por instrucciones del comandante del destacamento local. En ese momento, un joven presuntamente se resistió al procedimiento y fue esposado.
Según las versiones divulgadas, Martínez intervino en defensa del ciudadano para evitar su arresto, lo que habría provocado un enfrentamiento verbal con los agentes. La legisladora también habría sido esposada y trasladada junto al joven al destacamento policial de Comendador.
Garantías constitucionales
El artículo 86 de la Constitución de la República Dominicana, relativo a la protección de la función legislativa, establece que ningún senador o diputado puede ser privado de su libertad durante la legislatura sin autorización de la cámara a la que pertenece, salvo cuando sea aprehendido en el momento de cometer un crimen.
La disposición también contempla la facultad de la cámara correspondiente de exigir la puesta en libertad de uno de sus miembros durante el período legislativo, en los términos establecidos constitucionalmente.
El pronunciamiento de Pacheco pone el foco en las garantías de los legisladores y en el cumplimiento de las normas constitucionales durante las actuaciones de los organismos de seguridad.
Hasta el momento, según la información disponible, la Policía Nacional no había ofrecido una explicación oficial sobre las circunstancias del incidente ni sobre el procedimiento atribuido al coronel De León.
Se espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y determinen si durante la intervención policial se respetaron los derechos y las garantías constitucionales de la legisladora.
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