SANTO DOMINGO.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) propuso al Gobierno implementar un plan de contingencia y modernización del sector arrocero, con presupuesto, calendario y metas verificables, tras la derogación del Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26.
La organización opositora advirtió que la eliminación de la medida genera incertidumbre entre los productores nacionales y cuestionó que las autoridades retiraran el mecanismo de protección sin presentar una alternativa concreta para enfrentar la apertura comercial del arroz estadounidense, en el marco del DR-CAFTA.
El PLD sostuvo que el Gobierno conocía desde 2020 que el período de desgravación arancelaria para el arroz concluiría el primero de enero de 2025, por lo que consideró que la administración del presidente Luis Abinader debió preparar al sector durante los años anteriores.
Recordó que, mediante el Decreto 693-24, emitido el 17 de diciembre de 2024, el Gobierno estableció una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense libres de aranceles y un gravamen de 99 % para las importaciones que excedieran ese volumen. Asimismo, cuestionó las importaciones autorizadas durante ese año, que, según indicó, alcanzaron los 4.7 millones de quintales.
La organización también criticó la derogación, en septiembre de 2021, del Decreto 569-12, que establecía subastas públicas para conceder permisos de importación de productos agropecuarios, al considerar que esa decisión redujo las garantías de transparencia en esos procesos.
En contraste, el partido destacó las iniciativas implementadas durante sus anteriores gobiernos para mejorar la competitividad del sector, entre ellas el desarrollo de nuevas variedades de arroz, la nivelación de terrenos con tecnología GPS, el financiamiento mediante pignoración, la rehabilitación de caminos y canales de riego, el acceso al crédito y el control de las importaciones.
Según los datos citados por la organización, la productividad arrocera pasó de 4,127 kilogramos por hectárea en 2012 a 5,145 en 2019, un aumento de 1,018 kilogramos por hectárea. Entre las variedades mencionadas figuran la Juma 68-18, Juma 69-20 y Juma 70-22.
El PLD también recordó que durante la gestión de Danilo Medina se creó una comisión de alto nivel para analizar la desgravación arancelaria de productos sensibles y dialogar con Estados Unidos. Afirmó que el entonces mandatario solicitó extender diez años el período de desgravación para permitir que los productores dominicanos continuaran mejorando su capacidad competitiva.
Cinco medidas para el sector arrocero
Como respuesta a la situación actual, el PLD presentó cinco propuestas dirigidas a fortalecer la producción nacional:
- Convocar una mesa nacional de negociación con productores, industriales arroceros y autoridades para evaluar los efectos de la derogación y acordar acciones inmediatas.
- Publicar una evaluación de la política arrocera entre 2021 y 2026, con información sobre inversiones, productividad, costos y preparación ante la apertura comercial.
- Explicar las razones jurídicas y técnicas que sustentaron la emisión y posterior derogación del Decreto 693-24, incluidos los informes y las comunicaciones con Estados Unidos.
- Iniciar negociaciones formales con el Gobierno estadounidense para identificar mecanismos de cooperación y apoyo a los productores compatibles con el DR-CAFTA.
- Ejecutar un programa extraordinario de modernización con financiamiento definido, que incluya mecanización, rehabilitación de canales de riego, investigación agrícola, asistencia técnica, acceso al crédito y reducción de costos, con atención especial a los pequeños y medianos productores.
La organización señaló que el arroz constituye un componente esencial de la seguridad alimentaria y una fuente importante de empleo e ingresos rurales. Citó estimaciones de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), según las cuales el sector agrupa alrededor de 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos.
Finalmente, el PLD insistió en que el Gobierno debe presentar medidas concretas, recursos y plazos para garantizar la sostenibilidad de la producción arrocera, preservar los empleos rurales y mantener precios asequibles para los consumidores.
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