SANTO DOMINGO.– El Frente Amplio condenó las ejecuciones extrajudiciales y advirtió que la inseguridad ciudadana en la República Dominicana no se resolverá mediante discursos populistas, abusos policiales ni políticas represivas, sino con medidas integrales que enfrenten las causas sociales, económicas e institucionales de la violencia.
La organización política reconoció la preocupación de la población ante el incremento de robos, asaltos, homicidios y otros hechos delictivos, pero sostuvo que la demanda de seguridad no puede servir de justificación para vulnerar los derechos fundamentales ni permitir que agentes policiales ejecuten a personas señaladas como delincuentes al margen de la Constitución y las leyes.
El Frente Amplio señaló que la delincuencia también está vinculada a factores estructurales como la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, el desempleo, las deficiencias educativas y la falta de oportunidades para los jóvenes, especialmente en los barrios populares. A su juicio, ignorar esas condiciones contribuye a perpetuar los ciclos de violencia e inseguridad.
Asimismo, rechazó las campañas de descrédito contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por Manuel María Mercedes, y otras entidades que denuncian presuntos abusos policiales. La presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, afirmó que defender la Constitución y el debido proceso no significa respaldar la delincuencia, sino evitar que el Estado incurra en las mismas prácticas violentas que debe combatir.
Cabrera advirtió que normalizar las ejecuciones extrajudiciales pone en riesgo a ciudadanos inocentes y abre la posibilidad de arbitrariedades y persecuciones contra dirigentes sociales y comunitarios.
La organización pidió al presidente Luis Abinader y a su Gobierno presentar una estrategia integral de seguridad ciudadana que incluya prevención, inteligencia, investigación criminal, fortalecimiento institucional, reforma policial, persecución de las redes delictivas y aplicación de sanciones judiciales conforme a la ley.
Finalmente, el Frente Amplio consideró necesario dotar a la Policía Nacional de la formación, los recursos y las condiciones requeridas para proteger a la ciudadanía, junto con establecer mecanismos efectivos de supervisión, rendición de cuentas y sanción para los agentes que incurran en violaciones legales.
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