Santo Domingo.– La Fuerza Nacional Progresista (FNP) manifestó su preocupación por las acciones policiales implementadas en el país para enfrentar la delincuencia y la criminalidad, y cuestionó el uso del denominado «código 29», al que atribuye prácticas de eliminación de personas vinculadas a hechos delictivos.
El presidente de la organización, Pelegrín Castillo, expresó durante una rueda de prensa su rechazo a esa práctica y sostuvo que su aplicación sistemática constituye, a su juicio, una señal de las dificultades de las políticas públicas para enfrentar el crimen.
Castillo afirmó que este tipo de actuaciones podría desviar la atención de lo que considera un problema de mayor alcance: el crecimiento de estructuras criminales que, según planteó, se han establecido en el territorio de la isla de Santo Domingo y podrían representar un riesgo para el orden público.
El dirigente señaló además que muchas de las personas que, según su planteamiento, son víctimas del denominado «código 29» no tendrían condiciones para ejercer su derecho a la legítima defensa de sus vidas y las de sus familiares.
Ante esa situación, propuso que las autoridades implementen mecanismos de vigilancia y seguimiento, entre ellos el uso de brazaletes electrónicos, dispositivos de localización, sistemas de alerta temprana para potenciales víctimas y controles jurisdiccionales sobre personas deportadas que hayan sido condenadas por delitos graves.
Castillo planteó que, en lugar de recurrir a lo que describió como un programa no declarado de eliminación física de personas consideradas antisociales o violentas, las autoridades incorporen elementos de la denominada doctrina del «Derecho Penal del Enemigo», adaptados, según dijo, a la realidad dominicana.
Asimismo, abogó por una aplicación consecuente de los mandatos establecidos en la Constitución de 2010 y por el fortalecimiento o modificación de distintas disposiciones de la legislación vigente relacionadas con la seguridad y la prevención del delito.
El presidente de la FNP también propuso aplicar medidas amparadas en el artículo 49.7 de la Constitución para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a contenidos difundidos por medios de comunicación y redes sociales que puedan afectar el desarrollo de su personalidad.
De igual manera, planteó la aprobación de una legislación que sirva de fundamento jurídico al denominado Escudo Cibernético Nacional, como parte de las medidas que, según sostuvo, deben ser incorporadas a la estrategia de seguridad.
Castillo también llamó a cumplir los mandatos establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo 75 de la Constitución, relativos a la creación del Servicio Social para el Desarrollo y el Servicio Militar, o una combinación de ambos, con carácter obligatorio.
A su juicio, estas instituciones contribuirían a promover la disciplina social, la integración nacional y la incorporación de los jóvenes dominicanos a actividades productivas.
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